Trata de personas en Corral de Bustos: la Justicia Federal rescató a una mujer con discapacidad
Tras una serie de allanamientos simultáneos, detuvieron al padrastro de la víctima y a otra persona. La investigación se inició por una denuncia de la Fundación Marita Verón.
La Fiscalía Federal de Bell Ville, a cargo de la Dra. Virginia Miguel Carmona, coordinó un importante operativo en la localidad de Corral de Bustos en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. El procedimiento incluyó cuatro allanamientos realizados de manera conjunta por efectivos de la Policía Federal de las delegaciones Bell Ville y Villa María.
La causa judicial se puso en marcha a partir de una denuncia recibida a través de la línea 145, el canal nacional para reportar casos de trata. En este caso puntual, la presentación fue radicada por la Fundación Marita Verón, cuya sede central se encuentra en Tucumán. La denuncia alertaba sobre la situación de una mujer mayor de edad con una discapacidad intelectual que estaba siendo sometida a explotación.
Durante las tareas de inteligencia y los posteriores allanamientos, las fuerzas federales recolectaron pruebas determinantes. Los procedimientos se concentraron en un hotel de alojamiento, donde se hallaron evidencias directas de explotación sexual, y en el domicilio particular de la víctima.
Como resultado de estas acciones, la Justicia ordenó la detención de dos personas. Entre los involucrados se encuentra el padrastro de la mujer rescatada. La fiscalía confirmó que en las próximas horas se formalizarán las imputaciones por los delitos de abuso sexual y trata de personas agravada.
Dada la vulnerabilidad de la mujer, el operativo contó con la participación de psicólogas especializadas del Programa de Rescate de Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Tras ser asistida, la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Bell Ville para recibir atención en el área de salud mental y realizarse los exámenes físicos y psicológicos pertinentes. Estos estudios permitirán a la Justicia determinar con precisión el grado de retraso mental y el estado de salud actual de la joven para avanzar con el requerimiento de instrucción.
La Dra. Miguel Carmona advirtió que las penas previstas para estos delitos son severas, especialmente cuando existe una condición de discapacidad en la víctima. Según lo estipulado en el Código Penal, la escala penal para estos casos parte de un mínimo de 8 años y puede alcanzar los 16 años de prisión.
