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Karina Bruno, legisladora provincial, presento un Proyecto de Ley sobre Reiterancia Delictiva

El proyecto propone considerar la conducta delictiva reiterada como factor independiente en decisiones judiciales.

Karina Bruno, legisladora provincial, presento un Proyecto de Ley sobre Reiterancia Delictiva

El proyecto propone considerar la conducta delictiva reiterada como factor independiente en decisiones judiciales.

El Congreso está considerando una modificación al Código de Procedimiento Penal que podría tener un impacto significativo en la evaluación de la prisión preventiva. La propuesta busca agregar un nuevo criterio para determinar si una persona acusada de un delito menor debe ser privada de su libertad mientras espera el juicio. En lugar de centrarse únicamente en el riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia, el proyecto introduce el concepto de reiterancia delictiva como un factor independiente.

Este cambio surge de la observación de casos en los que los delincuentes, tras ser liberados repetidamente por delitos menores, escalan en la gravedad de sus crímenes. Karina Bruno nos explica que la reiterancia delictiva indica un patrón de comportamiento que no puede ser ignorado a la hora de decidir sobre la prisión preventiva. Argumenta que permitir la liberación de personas con un historial delictivo repetido podría llevar a consecuencias graves e incluso mortales.

El proyecto ha generado debates sobre la efectividad de este enfoque y su compatibilidad con los principios legales de justicia y proporcionalidad. Sin embargo, sus defensores señalan que ya ha sido implementado con éxito en otras jurisdicciones, como Mendoza y Tucumán, donde se ha observado una reducción en la incidencia delictiva.

Los críticos advierten sobre la necesidad de garantizar que esta evaluación no conduzca a decisiones injustas o discriminatorias, y destacan la importancia de considerar cada caso de manera individualizada.

En última instancia, el proyecto busca ofrecer una herramienta adicional para abordar el aumento de la criminalidad y garantizar la seguridad pública, aunque su implementación requerirá un cuidadoso equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la prevención del delito.

 

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