Justicia Federal ordena cobertura urgente para un niño electrodependiente en Bell Ville

Tras la intervención de la Defensoría Pública ante la falta de respuesta de la obra social OSEIP, el Juzgado Federal dictó una medida cautelar para proteger a Mateo Mansilla. El fallo obliga a la prestataria a garantizar el soporte vital y las prestaciones asistenciales necesarias para la subsistencia del menor.

La Justicia Federal de Bell Ville hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por la Defensoría Pública Coadyuvante en favor de un niño electrodependiente cuya vida corría peligro por la interrupción de servicios básicos. María Laura Territoriale, secretaria de Primera Instancia, confirmó que la medida cautelar ordena a la Obra Social de Empleados de la Industria del Vidrio (OSEIV) el restablecimiento inmediato de la cobertura integral.

La funcionaria explicó que la familia acudió al organismo ante una disputa administrativa entre dos prestatarias que dejaba al menor sin insumos críticos. A pesar de los oficios extrajudiciales y la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud, la entidad no brindó respuestas previas, lo que motivó la vía judicial. Actualmente, el niño subsiste gracias a que los prestadores mantienen el servicio de forma particular para evitar un desenlace fatal, dado que depende de aparatología para respirar y alimentarse.

El caso de Mateo se enmarca en un contexto de crecimiento exponencial de reclamos judiciales contra diversas obras sociales en la región. Desde la Defensoría advirtieron que la cantidad de acciones de amparo ha generado una alta demanda en el Juzgado Federal, superando los registros de años anteriores.

Ante la saturación del sistema, el organismo y la justicia aplican un protocolo de priorización basado en la gravedad de cada patología:

• Soporte Vital: Casos de electrodependencia o asistencia mecánica.
• Oncología: Garantía de medicación y tratamientos de alta complejidad.
• Discapacidad: Reclamos por maestros integradores y terapias específicas.

Territoriale enfatizó que el objetivo de estas acciones es garantizar el derecho constitucional a la salud y la vida, independientemente de los conflictos financieros o administrativos que atraviesen las prestatarias o los profesionales del sector.