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Investigador Red de Contrabando y Trata de Personas en Bell Ville y la Región

La Fiscalía Federal avanza en una causa que involucra múltiples delitos, incluyendo explotación laboral y comercio de ropa de contrabando con marcas falsificadas.

Investigador Red de Contrabando y Trata de Personas en Bell Ville y la Región

La Fiscalía Federal avanza en una causa que involucra múltiples delitos, incluyendo explotación laboral y comercio de ropa de contrabando con marcas falsificadas.

La Fiscalía Federal de Bell Ville, a cargo de María Virginia Miguel Carmona, lleva adelante una investigación que destapó una presunta red de contrabando y trata de personas con multas de explotación laboral. Los hechos involucran a seis personas de nacionalidad boliviana, detenidas tras ser señaladas como responsables de un esquema ilícito que operaba en varias localidades de Córdoba y Santa Fe.

Según explicó la fiscal, la red utilizaba diversas formas societarias para encubrir actividades ilegales. Entre los delitos detectados, destaca el contrabando de ropa de origen internacional —incluyendo prendas de Vietnam, China y Bolivia— que ingresaban al país sin los controles aduaneros ni el estampillado correspondiente. Estas prendas, además, portaban marcas falsificadas, lo que generaba competencia desleal y afectaba a los comerciantes que cumplían con las normativas.

La investigación también evidencia graves irregularidades laborales. Los empleados, traídos desde Bolivia, trabajaron en condiciones de explotación, sin recibir salario alguno durante meses y siendo rotados constantemente entre locales de diferentes ciudades, como Villa María, Marcos Juárez, Leones, Cañada de Gómez y Casilda. "Es una conducta típica de trata de personas con multas de explotación laboral", señaló la fiscal, calificando la situación como "trabajo esclavo".

El presunto líder de la asociación ilícita, quien también tendría negocios en La Salada, utilizaba los ingresos generados por la venta de estas prendas para sostener la estructura ilegal. Además, se detectó que las empresas involucradas evadían impuestos, generando un perjuicio económico significativo al Estado.

Con pruebas que incluyen registros contables, testimonios y rastreo de actividades comerciales, la Fiscalía presentó el requerimiento de instrucción para formalizar las acusaciones contra los detenidos. "Es una investigación muy sólida que ha logrado reunir pruebas contundentes", afirmó Miguel Carmona, destacando la gravedad de los delitos atribuidos, aunque subrayó que, hasta el momento, se trata de presunciones en el marco de la etapa investigativa.

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