Investigación por fraude fiscal: allanaron un estudio contable en Bell Ville por facturación apócrifa
La Justicia Federal de Bell Ville avanza en una causa que investiga la generación de crédito fiscal falso a través de maniobras informáticas y documentación apócrifa. La investigación se disparó tras la denuncia de un contribuyente que detectó irregularidades en su situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
ciudadano denunció haber sido objeto de una inspección de ARCA que derivó en el pago de una suma considerable de dinero. Según la denuncia, el contribuyente tenía adjudicadas facturas por operaciones que nunca realizó.
A partir de allí, la fiscalía, con la colaboración de Gendarmería Nacional, determinó que la hipótesis delictiva apunta a un contador local. Se sospecha que, utilizando las claves fiscales de su cartera de clientes, se generaba documentación para simular compras ficticias. Esta práctica permitía disminuir el pago de impuestos mediante la creación de crédito fiscal inexistente.
Tras recolectar pruebas que vinculaban las maniobras con la dirección IP del estudio contable involucrado, el juez federal Sergio Pinto autorizó una serie de allanamientos. Durante los operativos, se secuestraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, moneda extranjera y abundante documentación que ahora es analizada por los peritos de ARCA.
La fiscal Carmona subrayó que la conducta investigada se define como una "adulteración dolosa de registros". Asimismo, se detectó que algunos contribuyentes estaban inscriptos en actividades que no eran las reales para facilitar el fraude.
Sobre el rol de los profesionales, la fiscal advirtió que los contribuyentes suelen brindar su clave fiscal bajo una relación de confianza, esperando que el asesor actúe con probidad. En este caso, la evidencia técnica conectaría directamente las terminales del estudio bajo sospecha con la carga de datos falsos en el sistema del organismo recaudador.
En cuanto a posibles detenciones, Miguel Carmona aclaró que aún se están evaluando los pasos a seguir según el nuevo Código Procesal Penal Federal. La Justicia deberá determinar si existen riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación antes de solicitar medidas restrictivas de libertad contra el contador implicado, quien por el momento mantiene su derecho de defensa constitucional.
