El Colegio de Abogados de Bell Ville rechaza el proyecto del Divorcio Administrativo.
El Colegio de Abogados de Bell Ville expresó su firme rechazo al proyecto del gobierno nacional que propone la implementación del divorcio administrativo, evitando la intervención judicial en estos pr
El Colegio de Abogados de Bell Ville expresó su firme rechazo al proyecto del gobierno nacional que propone la implementación del divorcio administrativo, evitando la intervención judicial en estos procesos. Las autoridades del Colegio destacaron su preocupación por las implicancias jurídicas que tendría esta iniciativa, subrayando que afectaría la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Carlos Prino, uno de los referentes del Colegio, explicó que la propuesta ignora los efectos y consecuencias legales que conlleva un divorcio. “Nos oponemos a este sistema de divorcio, toda vez que no tiene en cuenta las consecuencias y los efectos que tiene el divorcio, efectos y consecuencias que son jurídicas”, enfatizó.
Consecuencias legales desatendidas
El presidente del Colegio local detalló que, al tratarse de un proceso con implicancias legales profundas, es indispensable que las personas cuenten con el debido asesoramiento de un abogado. “Esos efectos y esas consecuencias son jurídicas, por lo tanto quien se vaya a divorciar necesariamente debe tener el debido asesoramiento de un abogado. Toda vez que debes saber cuáles son las consecuencias que esa decisión le van a traer para adelante. Aspectos que la sede administrativa no van a ser tenidos en cuenta”, advirtió Prino.
El abogado resaltó que, tras un divorcio, se disuelve la sociedad conyugal, lo que conlleva la necesidad de manejar aspectos patrimoniales y legales. “A partir del divorcio se empiezan a disparar determinados plazos, como por ejemplo el reclamo para la compensación económica. Eso pues hay que saber cuál es el plazo, a partir de cuándo se empieza a computar. Todos esos derechos van a ser conculcados en sede administrativa toda vez que no se va a tener el asesoramiento suficiente”, añadió.
Asimismo, Prino destacó la importancia del control jurisdiccional en estos casos, dado que involucran cuestiones de orden público, la familia y, en algunos casos, la minoridad o discapacidad. “Es el juez el garante de la defensa de ese orden público, garantía que no va a estar en la sede administrativa”, aseguró.
En tanto que la vicepresidente del Colegio de Abogados de Bell Ville, Ana Silvia Ruiz O’Neill, detalló algunos puntos clave del proyecto y sus posibles consecuencias. “El proyecto solamente dice que se tratará en sede administrativa cuando estén de acuerdo ambas partes. Pero no aclara cuestiones como qué pasa con los bienes, los hijos, o los alimentos. ¿Quién va a hacer la adjudicación de esos bienes?, ¿quién los va a inscribir?”, planteó Ruiz O’Neill.
La abogada subrayó que este tipo de decisiones involucra cuestiones de orden público que deben ser supervisadas por la justicia, y advirtió sobre los riesgos de que la gente, para ahorrar costos, opte por no asesorarse adecuadamente y acepte soluciones que podrían resultar perjudiciales en el futuro.
Una preocupación nacional
Por su parte, el Dr. Germán Villarroel aclaró que la postura del Colegio de Abogados de Bell Ville no es aislada, sino que forma parte de un reclamo conjunto de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. “Este reclamo no es una postura solamente del Colegio de Abogados de Bell Ville, sino que se enmarca en la representación de todos los abogados de nuestro país a través de la Federación Argentina del Colegio de Abogados”, destacó.
Finalmente, el presidente del Colegio reiteró los riesgos que presenta este proyecto, resaltando la importancia de mantener la intervención judicial en los divorcios para proteger los derechos de todas las partes involucradas.
