Difunden el Régimen Penal Juvenil en Bell Ville mediante un material audiovisual adaptado para adolescentes
A través de una pieza orientada a la juventud, la Justicia local busca concientizar sobre la punibilidad a partir de los 14 años. La iniciativa advierte sobre la responsabilidad civil que recae sobre las familias y tipifica conductas de riesgo habituales como infracciones al Código Penal.
Frente al desconocimiento de la normativa que regula la responsabilidad penal en la minoridad, los tribunales de la ciudad impulsaron una campaña de difusión en formato audiovisual adaptada a los lenguajes juveniles. La jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Bell Ville, Noelia Azcona, remarcó la importancia de poner al alcance de las familias las implicancias de la Ley Nacional 27.801 y la legislación provincial correspondiente.
Noelia Azcona detalló la distinción que establece el ordenamiento jurídico argentino. Según explicó la magistrada, el Código Civil fija a los 10 años la etapa en que una persona adquiere discernimiento para diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Por su parte, la legislación penal establece que la punibilidad plena rige desde los 14 años para la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal.
En el plano provincial, Córdoba adaptó sus procesos mediante el Código Processal Penal Juvenil (Ley 11.035, modificada por la Ley 11.136), ordenamiento que otorga herramientas de actuación a la Policía, las fiscalías de instrucción y los juzgados competentes.
La jueza alertó sobre ciertas prácticas juveniles que suelen considerarse faltas menores o estar naturalizadas, pero que configuran delitos tipificados. Como ejemplo, mencionó la organización y participación en carreras clandestinas de motocicletas ("picadas"), conducta encuadrada en el artículo 193 bis del Código Penal, el cual prevé penas de prisión.
Asimismo, Noelia Azcona recordó que la normativa contempla que los padres deben responder patrimonialmente por los daños materiales provocados por los menores a su cargo. La magistrada enfatizó que la ley se presume conocida por todos los ciudadanos y apeló a las instituciones educativas y a los núcleos familiares para abordar estos temas en forma preventiva antes del inicio de acciones judiciales.
