
Debaten en Bell Ville sobre los desafíos de la justicia penal en el 3º Congreso de Derecho Procesal
Manuel González Castro y José Valerio coincidieron en la necesidad de fortalecer la formación de los abogados y modernizar el sistema judicial.
El reconocido jurista Manuel González Castro regresó a Bell Ville para participar como disertante en el 3º Congreso de Derecho Procesal Penal, donde analizó los desafíos que enfrenta la profesión en un contexto marcado por la oralidad en las audiencias y la creciente complejidad de los procesos judiciales.
Durante su exposición, González Castro remarcó que los abogados requieren espacios permanentes de formación, más allá de modas tecnológicas o mediáticas, y defendió la importancia del vínculo de confianza entre el profesional y el ciudadano. Advirtió sobre el riesgo de que la oralidad, aplicada sin los debidos resguardos, derive en limitaciones a los alegatos y decisiones apresuradas que pueden afectar derechos fundamentales.
En esa línea, subrayó que la justicia no puede ser considerada un servicio sino un poder con capacidad de impactar de manera directa en la vida de las personas. Para él, las garantías constitucionales deben actuar como contrapeso indispensable frente a ese poder, evitando errores forenses y asegurando la paz social en un país atravesado por divisiones y violencia institucional.
Por su parte, el juez del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, José Valerio, destacó los avances del sistema penal argentino desde la reforma constitucional de 1994, que consolidó un modelo adversarial y oral, dejando atrás estructuras inquisitivas. Resaltó el rol clave del Ministerio Público Fiscal en la defensa de los intereses sociales y señaló la necesidad de modernizar la organización judicial, eliminando lógicas burocráticas y optimizando recursos.
Valerio también se refirió al papel de la inteligencia artificial, a la que consideró una herramienta valiosa para la eficiencia judicial, aunque aclaró que nunca podrá sustituir la función jurisdiccional, sino únicamente complementarla.
El congreso dejó en claro que, pese a los avances en materia procesal, persiste el desafío de equilibrar la rapidez en la resolución de los casos con el respeto por las garantías constitucionales y la confianza de la ciudadanía en sus abogados.