
Debate judicial por la baja de la edad de imputabilidad: advierten desafíos legales y estructurales
El abogado José Maggi analizó la reforma penal juvenil que propone imputar desde los 14 años y señaló la necesidad de adecuar el sistema judicial y estatal para su aplicación.
La posible reducción de la edad de imputabilidad penal a los 14 años genera un amplio debate en el ámbito judicial y social. En ese contexto, el abogado José Maggi analizó el impacto que tendría la reforma legal en el sistema penal juvenil y en los operadores jurídicos, quienes deberán adaptarse a un nuevo marco normativo.
Maggi sostuvo que jueces, fiscales y defensores deberán actuar conforme a lo que establezca la ley una vez sancionada y reglamentada, remarcando que se trata de un cambio que cuenta con un respaldo social significativo, según encuestas que reflejan un alto nivel de apoyo ciudadano.
El especialista señaló que la normativa vigente en materia penal juvenil requería una actualización, aunque advirtió que el proyecto incorpora modificaciones tanto formales como sustantivas. Entre los cambios, mencionó ajustes en el régimen de suspensión del juicio a prueba y la fijación de una pena máxima de 15 años para menores, diferenciada del sistema penal de adultos.
También subrayó que uno de los principales puntos de discusión es la capacidad del Estado para garantizar infraestructura adecuada para jóvenes infractores, diferenciada del sistema penitenciario de adultos. En ese sentido, aclaró que la discusión presupuestaria y de infraestructura es independiente del debate jurídico sobre la conveniencia o no de modificar la ley, aunque consideró que ambas deben abordarse en paralelo.
En cuanto al funcionamiento del sistema judicial, Maggi consideró que los operadores especializados en niñez y adolescencia están capacitados, pero advirtió que la implementación de la reforma requerirá coordinación entre los tres poderes del Estado y organismos vinculados a la protección de derechos de niños y adolescentes.
Finalmente, planteó que la baja de la edad de imputabilidad ampliará el universo de posibles imputados, aunque señaló que será necesario contar con estadísticas y evaluar la aplicación concreta de la ley para medir su impacto real en la cantidad de causas judiciales.