CRÍTICAS DE GREMIOS AL AUMENTO DE RETENCIONES A LOS AGENTES DEL ESTADO PÚBLICO PROVINCIAL
El Gobierno provincial enfrenta la indignación sindical por medidas que afectan los ingresos de los trabajadores públicos.
En una movida que ha generado un profundo malestar entre los gremios y trabajadores del sector público provincial, el gobierno ha aprobado un incremento en las retenciones salariales. La medida, que entró en vigencia desde el pasado 28 de diciembre, ha sido recibida con fuertes críticas, destacando la preocupación por la impactante reducción en los ingresos de los empleados estatales.
Mirta Arroyo, Titular del SUOEM Bell Ville, denuncia el impacto en los bolsillos de los trabajadores:
La titular del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Bell Ville, Mirta Arroyo, expresó su descontento con la nueva ley 10.724, la cual establece un aumento del 2% en las retenciones salariales. Arroyo señaló que este porcentaje se destinará a un fondo solidario para la caja de jubilación, con el objetivo de cubrir desfasajes existentes. La líder sindical lamentó que este fondo solidario no esté directamente vinculado a los aportes personales de los trabajadores y criticó la progresividad de los descuentos, que van desde el 2% hasta el 4%, dependiendo del nivel salarial. Además, destacó la falta de representación efectiva por parte de los legisladores, cuestionando la naturaleza de la política que, a su juicio, está desconectada de las necesidades reales de la sociedad.
Lucas Loyola de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se pronuncia:
Desde la Asociación Trabajadores del Estado, Lucas Loyola hizo hincapié en que esta medida representa una disminución directa en los salarios de los trabajadores provinciales. Loyola acusó al gobierno de no reconocer acuerdos previos de recomposición salarial y denunció la falta de transparencia en la gestión gubernamental. Destacó que la imposición de un 2% adicional destinado a la caja de jubilaciones y un 1% a la obra social APROSS, sin límite, afecta significativamente a los empleados públicos. El representante sindical argumentó que esta situación se traduce en una reducción del 3% en los salarios, afectando a los trabajadores con más antigüedad y categoría. Loyola subrayó la desfinanciación crónica de la caja de jubilaciones y APROSS, responsabilizando a la intervención gubernamental de más de dos décadas por la situación actual.
Este aumento en las retenciones ha desatado un fuerte malestar entre los trabajadores del Estado, quienes sienten que su poder adquisitivo se ve amenazado por decisiones gubernamentales que parecen no tener en cuenta sus necesidades y preocupaciones. La polémica medida parece haber desencadenado un conflicto que promete mantenerse en el centro del debate político y sindical en las próximas semanas.
