Córdoba tiene orgullo. Los cordobeses amamos el suelo donde vivimos, pero la provincia de Córdoba, inundada en publicidad de obras con cemento, cemento y más cemento, tiene realidades que no se pueden tapar.

Ya casi son 20 años alternados entre dos personas que hicieron cosas. Sí, pero que escondieron y esconden un déficit de otras que no se hicieron o se hicieron mal.

En ese tiempo, transformaron a Córdoba en una provincia cara. ¿Y qué entendemos por cara? Una provincia con presión impositiva asfixiante y crecimiento inexplicable del Estado. La presión fiscal trepó al 13,2%. Sí, aumentó un 300%. Y agárrese por favor: hace 19 años, Unión Por Córdoba recibió una Provincia con 69.000 empleados públicos, que hoy trepó a casi 180.000 entre contratados y planta permanente. 

Si hablamos de deuda hay, como mínimo, dos. La deuda en dólares, triplicada. Asfixiante. Pero hay otra deuda que no admite ninguna otra salida que no sea dedicarse ya, urgente, a priorizar respuestas: es la deuda social.

Hay 3 veces más de cordobeses en situación de pobreza que antes. Es triste, pero debemos abocarnos urgente a buscar respuestas y soluciones para ese 40 % de cordobeses que la pasan mal; que tienen la oferta educativa colapsada; que les cuesta conseguir un banco en una escuela; que ven el PAICOR dedicado a excluir niños, con 54.000 raciones menos; que no tienen obra social en un sistema de salud que hace agua por todos lados.

Es dramático que 6 de cada 10 habitantes de la provincia no tengan conexión a una planta de tratamiento de aguas residuales y, encima, sobre llovido mojado: EPEC les cobra la tarifa eléctrica más cara del país, superior al promedio nacional en un 66%.

Pero agrego tres dramas institucionales que degradan las instituciones y pintan de negro a la Provincia o, como mínimo, de gris oscuro.

Uno. El gobierno Provincial se empeñó en cerrarse. Ya no dialoga, sólo declara en medios cuando le conviene. Ha decidido torcer instituciones democráticas aprobando una reforma política mañosa, pícara, inclinando la cancha a su favor. Ha decidido no dialogar con municipios y decidió desconocer la Constitución Provincial no distribuyendo los fondos que los municipios necesitan para prestar sus servicios. Los intendentes de Cambiemos tuvimos que recurrir a la Justicia como última alternativa para exigir los recursos coparticipables.

Dos. Transparencia, también, es lo que falta en Córdoba. En época de gobiernos abiertos, la Provincia está opaca. Obras faraónicas con presupuestos siete veces mayores en su ejecución; obras cuya reparación, una vez inauguradas, son más caras que su propia construcción. Grandes obras con la empresa foco de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de América Latina.

Tres. Lo más grave: ya no es seguridad, es narcotráfico. Según la Asociación Antidroga de la República Argentina, se estima que alrededor de un 25% de las cocinas de cocaínas del país (unas 75) funcionan en Córdoba, con megadistribuidores de droga intocables. Escándalos y relaciones familiares al más alto nivel de la Seguridad de la provincia que, dicho sea de paso, fueron negados y avalados por ministros y el propio gobernador. Mostrados como héroes, pero con armas desaparecidas que van a manos de los delincuentes y una Policía cada vez más sospechada porque sus propios jefes están sospechados.

Podría ser esto una síntesis de todo lo que le pasa a Córdoba. Y lo es, pero es mucho más la agenda de los temas prioritarios que deberá abordar un próximo gobierno. Es la agenda más realista que Córdoba tiene que abordar con políticas públicas, no con publicidad.

El futuro es todo lo que el cemento no tapa. Me animo a decir que, incluso, lo agrava.