Celebramos la iniciativa conjunta del Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en relación la Resolución 1/2018 que establece, entre otras cosas, que “las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o “buffer”, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados.”

Sin embargo, observamos con preocupación la falta de consideración de los ingenieros agrónomos -a través de sus organizaciones profesionales- en la conformación del Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias, creado en la mencionada Resolución.

La Resolución 01/2018 hace referencia a las normas provinciales en materia de control y aplicación de productos fitosanitarios, las cuales han sido impulsadas por los Colegio y Consejos profesionales que nuclean a los Ingenieros Agrónomos en las jurisdicciones correspondientes, y hemos sido importantes actores en la escritura de estas leyes, promoviendo consensos con distintos sectores involucrados en la temática.

Desde el CIAPC y la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) estamos trabajando de manera conjunta con organismos como INTA, SENASA, Ministerio de Agroindustria de la Nación, ministerios de agricultura provinciales, organizaciones de productores, cámaras empresariales entre otros, en materia de fitosanitarios. Contamos con comisiones de trabajo dedicadas a la temática en cuestión, como lo son la Comisión de Fitosanitarios y la Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana. Es, además, un tema transversal que abarca gran parte de las áreas de trabajo donde el tratamiento de la responsabilidad compartida entre ingenieros agrónomos, productores, aplicadores y el Estado como contralor en el uso de fitosanitarios en áreas sensibles -como son las periurbanas o las adyacencias de establecimientos escolares-, son ejes centrales, así como sus implicancias sociales, ambientales y económicas.

Fuimos parte significativa en la redacción del proyecto de Ley Nacional de Fitosanitarios y de la Ley Provincial 9164 de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario. Esta última ha servido de modelo para otras legislaciones provinciales. Impulsamos el uso de la Receta Fitosanitaria, realizamos cursos periódicos de formación y actualización en manejo de productos fitosanitarios, implementamos un protocolo de habilitación para equipos de aplicación terrestre (todo en conjunto con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba). 

Estamos comprometidos, desde siempre, con el tema de las Buenas Prácticas Agropecuarias y Ambientales.

Para nosotros es de suma importancia formar parte del Grupo de Trabajo propuesto en la Resolución 01/2018, porque entendemos que la representación de los ingenieros agrónomos -profesionales responsables del uso y aplicación de fitosanitarios- es valiosa y necesaria, y viene de la mano de sus organizaciones profesionales.