A un año sin respuestas: la Justicia Federal profundiza la búsqueda internacional de Lian Flores
La fiscal Virginia Miguel confirmó que la causa es la más compleja de su gestión y que hay líneas activas en Bolivia y Perú. La recompensa asciende a 40 millones de pesos.
A doce meses de la desaparición de Lian Flores, la fiscal federal Virginia Miguel definió el expediente como el más complejo y desesperante de su trayectoria al frente del Ministerio Público Fiscal. La investigación, que comenzó con intervención federal diez días después del hecho bajo hipótesis de delito federal, se transformó en una causa de alcance internacional y con un volumen probatorio inédito.
Desde el inicio, la Fiscalía Federal trabaja de manera articulada con la Justicia provincial, manteniendo abiertas distintas líneas investigativas. En el ámbito federal, las hipótesis centrales giran en torno a posibles delitos como trata de personas o secuestro extorsivo, sin descartar ninguna otra posibilidad.
Uno de los ejes centrales es la recompensa vigente por datos certeros que permitan dar con el paradero del menor. El monto, que surge del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de Córdoba, asciende actualmente a 40 millones de pesos. A partir de ese ofrecimiento se recibieron numerosas denuncias: algunas fueron descartadas tras su verificación y otras continúan bajo análisis. Incluso, se inició una causa por falsa denuncia.
La búsqueda trascendió el territorio argentino. Con la intervención de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal, se activaron líneas en Bolivia y Perú en coordinación con los respectivos ministerios públicos fiscales de esos países.
En Perú, la Justicia argentina aguarda el resultado de un cotejo de ADN sobre un menor fallecido cuyas características físicas presentarían similitudes con Lian. En Bolivia, en tanto, se investiga una denuncia radicada en enero que da cuenta de la presunta presencia de un niño en situación de violencia en un punto específico de ese país. Además, existen otras líneas abiertas previamente en ese mismo territorio.
La fiscal Miguel señaló que el intercambio con los organismos extranjeros es permanente, aunque los tiempos y metodologías de investigación pueden variar entre países. En el plano técnico, la causa acumula una enorme cantidad de medidas probatorias. Se realizaron intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos secuestrados y peritajes digitales con la colaboración de la Policía Federal y Gendarmería Nacional.
Uno de los desafíos más significativos es el análisis de las activaciones de antenas de telefonía celular. En una franja horaria clave se registraron cerca de 20.000 activaciones en apenas una hora, dentro de una ventana temporal que se extiende hasta cinco horas. Ese caudal de información, sumado a los informes requeridos a empresas prestatarias, obliga a utilizar programas especializados.
Aunque las primeras 48 horas suelen ser determinantes en casos de menores desaparecidos y las estadísticas de éxito resultan bajas, la fiscal Miguel remarcó que la búsqueda continúa de manera intensa y comprometida.
